La presidenta de la Comisión Ética contra la Tortura, Juana Aguilera, cuestionó el rol que están desempeñando los organismos del Estado en la búsqueda de la comunera mapuche, Julia Chuñil Catricura, de 72 años, desaparecida el 8 de noviembre de 2024, desde el sector de Huichaco Sur, Región de Los Ríos.
En conversación con Conciencia Activa, Aguilera afirmó que “el Estado de Chile está desarrollando, con su sistema económico y este perfeccionamiento y profundización del neoliberalismo, el extractivismo y el ataque a la naturaleza, fenómenos inusitados”, indicó.
Precisó que si durante la dictadura se asesinó para instalar este sistema, “hoy se producen graves violaciones para permanecer, profundizar y perfeccionar este sistema. Si antes teníamos a militares, hoy no sólo existen ellos. Existe también una especie de paramilitarismo con estos guardias de las forestales, matones al servicio del empresariado. También existen sicarios y otros personajes que no conocíamos”.
Puntualizó que en el país existe las zonas de sacrificio donde “hay Julias, Macarena Valdés, Nicolasa Quintremán que se oponen a estos proyectos extractivistas y esas personas y comunidades son atacadas (…) tenemos 3 años de militarización en la Araucanía, con desplazamiento de miles de efectivos y con una patronal que es activa, matonezca”.
La dirigenta humanitaria afirmó que es en este contexto en que se produce la desaparición de Juana Chuñil.
Aguilera detalló que junto a la comunidad Putreguel, Chuñil ocupó los terrenos que habían sido comprados por la Conadi al latifundista Juan Carlos Morstadt Anwandter por más de mil 100 millones de pesos. Sin embargo, en una situación irregular, la Conadi devuelve el terreno al empresario.
Por ello, una de las interrogantes que deben ser aclaradas, dijo la dirigenta, fue la relación entre el empresario y la Conadi.
A partir de este momento, explicó Aguilera, la comunera mapuche comenzó a recibir amenazas y actos de amedrentamiento que llevaron a su desaparición.
La dirigenta humanitaria también criticó la falta de acción del Estado para proteger a Juana Chuñil, perteneciente a un pueblo originario, adulta mayor y con problemas de salud.
“El Estado actuó prácticamente un mes y medio después de la desaparición de Julia. La primera querella criminal que interpone la organización Escazú lo hace un mes después. Lo mismo el Presidente Boric, lo dice el 10 de diciembre, que iba a ordenar a la ministra de Defensa (Maya Fernández) el envío de aviones”, expresó.
Aguilera afirmó que actualmente desconocen las gestiones que hacen los organismos del Estado y necesitan que “las policías y el gobierno nos digan dónde está. No es posible que una persona desaparezca y no sepamos a qué nos enfrentamos”.
Indicó que la comunidad rastreó todo el terreno y “no hay ningún indicio que permita decir que Julia estaba allí”.
La dirigenta hizo un llamado a no permanecer indiferentes cuando algo ocurra con un vecino o vecina y que las policías investiguen. “No podemos vaciar de contenido los derechos humanos, no podemos vaciar de contenido las consignas del Nunca Más. No podemos permitir que nadie, por mucho poder que tenga, esté por sobre la ley en Chile”, puntualizó.
