El director de Relaciones Internacionales de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Carlos Margotta, acusó al Ministerio Público de estar “al servicio de los victimarios”, luego que el organismo decidió no investigar 1.509 casos de violaciones a los DDHH ocurridos durante la revuelta popular del 2019.
En conversación con Conciencia Activa, el profesional hizo un repaso de la situación de los DDHH en el país, desde la conquista de la democracia, los casos de las más de 400 víctimas de trauma ocular, los 33 homicidios, los centenares de presos políticos de la revuelta popular y las querellas contra los actores materiales e intelectuales de los atropellos a las personas, principalmente contra el ex presidente Sebastián Piñera, como responsable legal y constitucionalmente de los hechos ocurridos durante su mandato.
“Cuando las violaciones a los derechos humanos ocurridas a partir del 18 de octubre se tornaron masivas y sistemáticas, interpusimos una denuncia ante la Corte Penal Internacional en contra Sebastián Piñera y todos sus ministros responsables en materia de seguridad y control de orden interno a objeto que sean sancionados, porque había impunidad y eso ha venido ocurriendo hasta el día de hoy”, dijo Margotta.
El profesional afirmó que el paso dado en el mes de febrero por el Ministerio Público, “viene a coronar la situación de impunidad, salvo casos excepcionales (…) el año pasado el informe de Amnistía Internacional dio cuenta del estado de completa impunidad. De los 10.142 casos que abrió el Ministerio Público por violaciones a los derechos humanos, al 30 de diciembre del 2024 sólo había 44 condenas. Mucho menos que el 1 por ciento”.
“¿La ciudadanía tiene confianza en el Ministerio Público, en el Poder Judicial?”, preguntó Margotta a raíz de los hechos de corrupción que involucran a fiscales, jueces y políticos conocidos en los últimos meses.
En su opinión, todo la red de corrupción y el entramado entre el el poder político, el Ministerio Público y el Poder Judicial, conocido con la intervención de Luis Hermosilla como abogado del ministerio del Interior, asesor directo de Andrés Chadwick, uno de los acusados por su responsabilidad en las violaciones a los DDHH, junto a Sebastián Piñera, dejaron en evidencia la falta de credibilidad de las instituciones.
Agregó que la decisión de no perseverar, pone a “un ministerio público al servicio de los victimarios, en circunstancia que tiene el deber de investigar los delitos que se ha cometido a las víctimas. Entonces, cuando tenemos falta de credibilidad de nuestras instituciones, todo quellos que está ocurriendo en esta materia, a nosotros no nos llama la atención”.
Margotta aseveró que en términos generales, el Estado chileno ha dejado de cumplir con las obligaciones internacionales relacionadas con hacer verdad, justicia, reparar a las víctimas e implementar todas las garantías de no repetición para evitar la experiencia trágica de la dictadura.
Precisó que todas las organizaciones internacionales que observan el proceso democrático han señalado que “Chile está al debe”.
Recordó que sobre la verdad, hay 1.082 chilenos que tienen la condición de detenido desaparecido y es una tarea pendiente, más allá del Plan de Búsqueda implementado por el actual gobierno.
Además , puntualizó que la frase de “justicia en la medida de posible” del expresidente Patricio Aylwin, ha sido una realidad, ya que la justicia ha sido “escasa, muy mezquina” dada la magnitud de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura civil y militar.
