Cada tanto la invocación de la justicia militar en bullados casos de delitos donde aparecen involucrados funcionarios de las FFAA y de orden, gatilla el debate sobre su competencia en períodos donde el sistema democrático tiene un rol preponderante. Es la situación que se vivió hace unas semanas, donde 4 funcionarios de la FACH fueron descubiertos en el tráfico de sustancias ilícitas en la Región de Tarapacá.
Aunque la discusión quedó zanjada, nuevamente se reabrió la controversia sobre el rol de la justicia militar.
Para hablar sobre el tema, Conciencia Activa conversó con el abogado de DDHH, Cristián Cruz, quien expresó su preocupación porque “algunos sectores insinúan que sería necesario que determinados tipos de causas sean conocidos por la justicia militar o incluso, sacar a los militares a las calles”.
No obstante, esto último está descartado porque los propios generales han reconocido que no están preparados para lidiar con los problemas de población civil, expresó el profesional.
“Estoy convencido que hay una concepción política de fondo donde siempre las FFAA han sido vistas como aliadas naturales de determinados sectores políticos”, precisó.
Sobre el papel de los tribunales castrenses en determinados casos, Cruz indicó que cuando la víctima es civil, no la puede conocer la justicia militar. Además, cuestionó la capacidad de estos tribunales para impartir justicia, dada su composición y la falta de las habilidades y conocimientos profesionales de los magistrados, que no son abogados ni han hecho una carrera judicial, para asumir responsabilidades en el mismo nivel de un juez de la República.
En el caso de los funcionarios de la FACH, caso conocido como narcovuelos, Cruz indicó que no era posible que el delito quedara radicado en la justicia militar porque no se trata de delitos propios de la esfera castrense. “Uno podría decir que la droga ingresa a un regimiento, después a un avión de la FACH, pero entre el regimiento y el avión, hubo un transporte o paso por sectores civiles y este sólo hecho, quita toda posibilidad de competencia”, indicó.
Lo que hay en fondo en este tema, dijo el abogado, es que “a las FFAA le importa mucho la imagen. Entonces que se sepa que hay tropa, eventualmente oficiales, involucrados en el hecho, parece importarles más que la posibilidad de perseguir el crimen organizado o que la sociedad lo pueda perseguir”.
Dada su experiencia y la trayectoria de la justicia militar en el país, el abogado considera que “el juez militar en Chile no habla, no conoce ni a las partes ni a sus abogados. No hay diálogo” y agregó que es “impresentable la falta de inmediatez, además de la falta de capacidad de un juez militar (…) que puede dictar una cadena perpetua”.
“Más que imparcialidad es falta de competencia, de capacidad, de seriedad de los principios básicos de la administración de justicia como la inamovilidad, porque si alguien no le gusta lo que dice un juez, el juez va a seguir ahí. La idea es que no se sienta coercionado a dictar determinados fallos que favorezcan a los poderosos, porque se supone que la ley está hecha para que el más fuerte no lo pueda todo”, puntualizó Cruz.
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